Las administraciones públicas promueven la integración de los discapacitados. Pero a la hora de la verdad, no solo se incumple la Ley, sino que además los mecanismos de arbitraje y reclamaciones llevan años de retraso en su creación.
En el año 2007 se promulgo la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Pero hasta la fecha el olvido del derecho a la accesibilidad por parte de Instituciones y "profesionales" obligados por la Ley a observar estos mandatos, es grande. Día a día se realizan nuevas obras con total olvido de las leyes de accesibilidad.
Sin ir muy lejos las Organizaciones aparentemente independientes sobre la Discapacidad que avalaban la accesibilidad de la Expo Zaragoza 2008, han sido muy criticadas por su graves errores. Para hacerse una idea, en la Expo de Zaragoza 2008 no había un estacionamiento para minusválidos a menos de 1.000 metros de la entrada. Sin embargo justo delante de la puerta de acceso VIP, había unas 50 plazas que estuvieron vacías durante toda la Expo.
En un acontecimiento de carácter internacional, se olvidaron por completo de los movimientos mundiales en favor de "una vida independiente y entornos más practicables", y de la «accesibilidad universal» como condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.
La no accesibilidad de los entornos, productos y servicios constituye, sin duda, una forma sutil pero muy eficaz de discriminación, de discriminación indirecta en este caso, pues genera una desventaja cierta a las personas con discapacidad en relación con aquellas que no lo son, al igual que ocurre cuando una norma, criterio o práctica trata menos favorablemente a una persona con discapacidad que a otra que no lo es.
