Dos leyes existen sobre la discriminación social de la discapacidad: la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, que desarrolla el artículo 49 de la Constitución Española, y su ampliación, la Ley 51/2003, sobre la discapacidad.
En ellas se recogen los derechos de las personas con "discapacidad", y las obligaciones de las administraciones públicas en materia de accesibilidad e igualdad. Pero es la propia administración pública la que reconoce su incapacidad para ponerlas en practica.



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